Los números de afectados, en sus diversos grados, por la maldita pandemia del Covid-19 parece que siguen una tendencia a la baja, que permiten esperar la entrada en un periodo de dominio de la enfermedad. Su constatación causa una inmensa inquietud y reflejan la existencia de importantes errores en la manera de afrontarla.
A pesar de la disconformidad que reflejan diversos colectivos con la información suministrada por nuestro gobierno, hay dos grupos de afectados en los que su cuantificación no es discutida y son asumidos por todos. Me refiero a la de los integrantes del servicio de salud que han sido infectados y muertos.
Las últimas informaciones dan un total de 37.000 integrantes del servicio de salud infectados y 37 facultativos muertos. Somos el país con el mayor número de estos afectados del mundo.
La enorme cantidad de afectados refleja, con evidente claridad, un planteamiento deficiente de la forma de afrontar los inicios de esta enfermedad.
Hay una coincidencia, generalizada, en atribuir a la falta de equipos de protección individual (EPI’s) como la responsabilidad fundamental de esa circunstancia. La imagen de nuestros médicos y enfermeras, dispuestos a atender a los enfermes, envueltos en bolsas de plástico y con gafas de bucear, fue vista en todos los telediarios.
Parece ocioso el responsabilizar, de esta importante deficiencia, a quien asumió la responsabilidad total en la misión de frenar la introducción del virus y la de curar a todos los afectados. Evidentemente, esa responsabilidad recae en el Ministerio de Sanidad y sus equipos de gestión, destacando el máximo responsable Sr. Ministro.
Aun reconociendo la dificultad con la que se pudieron encontrar para la compra de los materiales necesarios para protección de las personas, no es de recibo la reiteración de errores en las gestiones de compra y en la elección de proveedores que previsiblemente podían generar aquellos errores.
Es curioso y significativo que estos importantes fallos de gestión, con unas consecuencias gravísimas, hayan o estén transcurriendo sin una movilización de los sindicatos y plataformas ciudadanas y médicas que en otras ocasiones y con consecuencias infinitamente menores, movilizaron a colectivos, ciudadanos y profesionales, manifestando sus protestas y petición de responsabilidades.
Evidentemente, ahora las manifestaciones en la vía pública están prohibidas por la declaración del estado de alarma, mas el acceso a los medios de comunicación supongo que será el mismo que tenían en aquellas otras circunstancias. No he visto, en ninguno de ellos, una reclamación de responsabilidades similar a las que han llevado a cabo entonces.
Como muestra significativa, pudo recordar las informaciones de las manifestaciones, entrevistas, etc. aparecidas en prensa, radio y television tras el cierre del servicio del paritario del hospital de Verín, o el “follón” organizado durante la construcción y puesta en marcha del nuevo hospital de Vigo. Ampliando el foco a fuera de Galicia, las movilizaciones generadas por los colectivos denominados batas blancas en Madrid, han tenido un seguimiento importante por el colectivo de trabajadores del sistema sanitario y una repercusión de primer orden en los medios de comunicación.
Yo me pregunto:
¿La salud y vida del personal del sistema sanitario. encargado de luchar con el Covid-19, no es más importante que el cierre del servicio de paritorio del hospital de Verin, o de la disquisición de si el nuevo hospital de Vigo es público o privado de gestión pública? ¿Donde están las plataformas que organizaron aquellas ruidosas protestas? ¿Han perdido la influencia para que su protesta sea reflejada por los medios de comunicación?
La ausencia de petición de responsabilidades me inclina a pensar que aquellas reclamaciones, en algunos casos justificadas, eran algo más que un deseo de lucha por un mejor servicio de salud a los ciudadanos. La sensación que trasciende es que esas plataformas reivindicativas tienen un sesgo político, y que en función de a quien le pueda beneficiar políticamente así actúan.
Porque, que se infecten 37.000 personas del sistema de salud y que hayan fallecido 37 de ellos no tiene parangón con el cierre de un paritario o con la disquisición de que si un hospital es público o de gestión privada.
No sería correcto que no mencionase a otro interviniente en este sistema de “hacer ruido” con estas reclamaciones de plataformas que ayudan a generar los estados de opinión. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación.
Evidentemente, los medios de comunicación deben ser notarios de lo que ocurre y su obligación es hacerlo llegar a los ciudadanos siendo, al mismo tiempo, responsables de que la información que trasmiten es cierta y no tiene sesgos ajenos a lo estrictamente denunciado. Cuando sea así, deberían informar de los hechos y del sesgo de los promotores. Con esas dos informaciones los lectores nos podremos hacer un mejor conocimiento del problema.